Las leyes que han impulsado son el reflejo de la lucha constante de las mujeres para ponerle un alto a la violencia que viven cotidianamente.
Los avances legislativos para proteger a las infancias de los posibles padres feminicidas, castigar a los agresores ácidos, sancionar la violencia digital, reconocer la identidad de las personas transgénero y penalizar la filtración, desde el servicio público, de fotografías y videos que atentan contra el proceso legal son el reflejo de la lucha constante de las mujeres para ponerle un alto a la violencia que viven cotidianamente y honrar la historia de Cecilia Monzón, María Elena Ríos, Olimpia Coral, Agnes Torres e Ingrid Escamilla.
La historia de cada una de las mujeres oriundas de Puebla, o que tuvieron alguna relación con la entidad, incluidas en este texto periodístico son diferentes, pero tienen como punto en común el haber sufrido algún tipo de agresión, que las hizo sentir vulnerables, expuestas, juzgadas y en algunos casos terminó por arrebatarles la vida, como en los casos de Cecilia, Agnes e Ingrid.
En el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, María Elena, sobreviviente de un ataque con ácido; Olimpia Coral, víctima de violencia digital, y Helena Monzón, hermana de la abogada asesinada Cecilia Monzón, coincidieron en que esta fecha se originó para exigir a las autoridades justicia por las mujeres que han sufrido violencia, para no dejar impunes los casos y trabajar en políticas públicas que ayuden a reducir las cifras que se tienen en materia de agresiones por razón de género.
Ley Monzón
El asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, evidenció la falta de legislación en la entidad para determinar la patria potestad de los menores de edad cuando los padres son los posibles feminicidas de la madre de sus hijos. Lo anterior porque el excandidato a la gubernatura de Puebla en el 2010, Javier López Zavala, fue señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el presunto autor intelectual del crimen en contra de la activista, con quien sostuvo una relación sentimental, procreó un hijo y tenía una demanda por pensión alimenticia.
Según la FGE, hubo cuatro involucrados. Javier López y su exsecretario particular, Santiago Bárcena, propietario de uno de los vehículos utilizados para cometer el crimen. Los autores materiales fueron Jair N., sobrino de López Zavala y encargado de conducir la motocicleta, así como Silvestre N., quien efectuó los disparos que le arrebataron la vida a la litigante.
La pérdida de la mujer, de madre mexicana y padre español, conmocionó a nivel nacional e internacional, por lo que las autoridades de España hicieron un enérgico llamado al entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta para esclarecer los hechos. Sin embargo, meses después del crimen, la diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, presentó la “Ley Monzón” para suspender al padre la patria potestad en lo que se desarrolla el juicio por el posible feminicidio en contra de la madre.
Fue hasta el jueves 2 de marzo del 2023 cuando el Poder Legislativo aprobó el proyecto en medio de aplausos y ovaciones por parte de los legisladores locales de las diferentes bancadas, aunque la propia impulsora del proyecto reconoció que la ley únicamente es el primer paso para atender la problemática.
Mientras se discutía el proyecto en el pleno del Poder Legislativo, Helena Monzón, hermana de la activista, estaba en los tribunales del estado en busca de una respuesta sobre su escrito de coadyuvancia para colaborar en el caso de su hermana, porque a casi un año de su muerte, las autoridades no han avanzado en la indagatoria, dijo la abogada.
A la par, acusó que el Poder Judicial del Estado ha obstaculizado la impartición de justicia sobre lo ocurrido porque el juez Juan Carlos Malpica ha revictimizado a su familia debido a que no quiere reconocer a sus integrantes como víctimas secundarias de los hechos y la audiencia intermedia programada se suspendió bajo el argumento de que se tenía una gran carga de trabajo.
Helena, quien calificó de lamentable que, a pesar de tener que soportar la muerte de su hermana, tuvo que abandonar sus deberes laborales y alejarse de su sobrino para trasladarse desde España a México con el fin de exigir a las autoridades hacer su trabajo.
La abogada, quien tiene que hacer uso de seguridad privada por el riesgo en el que se siente ante el panorama de la investigación, lamentó que, aunque en el pleno los diputados corearon el nombre de su hermana por el avance legislativo, la justicia para su compañera de vida, como se refirió a Cecilia, todavía se vislumbra muy lejos, porque no hay progreso e inclusive en enero del año en curso se liberó por falta de pruebas a Santiago, uno de los implicados.
“Estoy aquí para seguir exigiendo esa justicia (…) me pone de los nervios tener que venir a este estado, a este país, a venir a exigir lo más básico, que son nuestros derechos fundamentales (…) he venido del Consejo de la Judicatura para intentar obtener una respuesta”, dijo.
Con un semblante rígido, opinó que el siguiente paso en los temas legislativos es que se realice un padrón para conocer el número de niñas y niños que han tenido que vivir con los posibles agresores de sus madres, porque es una situación que afecta el desarrollo de los infantes y también expuso que se debería cuestionar si un varón con conductas violentas puede hacerse cargo de la patria potestad del menor cuando la madre fallece.
Por separado, Mónica Silva, quien presentó la ley con el nombre de la abogada, señaló que al enterarse del asesinato de Cecilia Monzón sintió un gran dolor e impotencia porque días atrás la activista había tenido un gesto amable con ella por la agenda que maneja en el parlamento poblano y su muerte la hizo recordar que las mujeres no se encuentran seguras en ningún momento, porque en un segundo pueden asesinarlas.
Con la voz entrecortada y los ojos llorosos afirmó que su propuesta fue lo mínimo que pudo hacer desde su trinchera porque “la abogada de las mujeres”, apodo con el que conocían a Cecilia, hubiera hecho lo mismo por ella o cualquier otra mujer que estuviera en una situación de peligro a manos de la persona con la que tuvo un hijo.
“Si a alguien tan conocida se le puede arrebatar la vida sin ningún cuestionamiento, evidentemente me hizo recordar el constante riesgo en el que estamos todas las mujeres (…) no puedo ni siquiera imaginar que puedo perder a mi hija o que mi hija estuviera desaparecida y no me ayudara nadie”, expresó.